Aunque Rusia ha dicho que confiscar sus activos equivaldría a un "robo", la cuestión de si tal medida es legal según el derecho internacional es espinosa.
Europa está dividida sobre si pueden embargarse unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en los Estados para apoyar al Ejército ucraniano y ayudar a reconstruir el país. Mientras Rusia ha condenado estos posibles planes calificándolos de "robo", los gobiernos europeos que apoyan el esfuerzo bélico ucraniano han estado estudiando si tal medida estaría de hecho permitida por el derecho internacional.
La cifra total de activos congelados por la UE, EE.UU. y otros aliados desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania se estima en 274.000 millones de euros. Los activos en cuestión pertenecen al banco central ruso y se mantenían originalmente como bonos del Estado a corto plazo, que actuaban como reservas estatales en moneda internacional. Los bonos ya han vencido y se están acumulando en forma de efectivo.
La mayor parte de los activos, 183.000 millones de euros, se encuentra en Euroclear, una cámara de compensación belga para transacciones financieras. Lo que complica la situación es que los activos de los bancos centrales depositados en países extranjeros son inmunes a la jurisdicción en virtud del derecho internacional.
"Una orden judicial que ordene al Gobierno embargar los activos de Rusia sería ilegal según el derecho internacional y el derecho interno, que importa el derecho internacional", declaró a 'Euronews' Federico Luco Pasini, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Durham.
Pero aún hay formas de revisar esta disposición. "Si hay una decisión ejecutiva del gobierno para embargar los activos, esto podría eludir potencialmente esta cuestión", dijo Pasini. Esto significa que, aunque un tribunal nacional no pueda dictar una resolución para embargar activos, un decreto gubernamental o un reglamento de la Comisión Europea sí podrían hacerlo.
La única opción legal: "Una contramedida"
Además, los activos rusos sólo pueden embargarse legalmente en virtud del Derecho internacional si la medida se considera una "contramedida". Las contramedidas son mecanismos promulgados por los Estados en respuesta a una violación del derecho internacional por parte de otro Estado. Deben ser temporales y reversibles, y los juristas están divididos sobre si la incautación de activos rusos cumpliría estas condiciones.
"Una contramedida se adopta para inducir al cumplimiento, no es una retribución", dijo Pasini a 'Euronews'. "Esto significa que Rusia debería tener la oportunidad de decir: "Lo siento, voy a, ya sabes, rectificar lo que sea. Voy a pagar daños y perjuicios y luego dejas mis activos, no los tocas".
Aunque no embargaron totalmente los activos rusos, sino que se limitaron a congelarlos, los Estados de la UE empezaron a embargar los intereses de los activos congelados en mayo de 2024 para financiar el esfuerzo militar de Ucrania.
"Esto es legal, ya que la jurisprudencia afirma que la enajenación de intereses cumple los requisitos de una contramedida", dijo Pasini a 'Euronews'. Según los juristas, la confiscación de intereses es viable, ya que la pérdida de intereses y beneficios suele ser reversible.
¿Cómo han diferido las opiniones en Europa?
Entre los países de la UE que apoyan la incautación de los activos rusos congelados están la República Checa, Estonia y Polonia. El mes pasado, el Primer Ministro polaco, Donald Tusk, lo sugirió abiertamente, publicando en X: "Financiemos nuestra ayuda a Ucrania con los activos congelados rusos".
Pero Francia, Alemania y Bélgica se han opuesto a una incautación total. El ministro delegado de Asuntos Europeos de Francia, Benjamin Haddad, declaró el mes pasado ante el Parlamento francés que "la confiscación pura y simple de estos activos representaría un riesgo financiero demasiado grande para la Eurozona, para el Banco Central Europeo".
Los que se oponen a la confiscación temen que los países y los inversores se vean disuadidos de recurrir a las instituciones financieras europeas en el futuro por miedo a que sus propios activos sean confiscados. Argumentan que esto socavaría la fuerza del euro como moneda internacional para las reservas estatales.
También se teme que países como China y Arabia Saudí vendan sus bonos europeos. En última instancia, según Pasini, uno de los principales obstáculos para los partidarios de la incautación es el hecho de que "los gobiernos no quieren sentar un precedente, especialmente la Comisión Europea".