El buque de la Armada Cassiopea se dirige al puerto de Shengjin, en Albania, donde se acogerá a los migrantes rescatados frente a Lampedusa. Los traslados recuperan el modelo introducido por los gobiernos de Meloni y Rama.
PUBLICIDADSe reanudó el traslado de migrantes a los centros establecidos por Italia en Albania. En una nota, el Ministerio del Interior italiano informó de que, tras las operaciones de evaluación de las condiciones de las personas interceptadas, 49 ciudadanos extranjeros fueron embarcados a bordo del buque Cassiopea frente a la isla de Lampedusa para su traslado a los centros de Albania. Aquí se iniciarán los procedimientos de recepción, detención y evaluación de los casos individuales.
El Viminale anunció entonces que otros 53 migrantes habían presentado espontáneamente sus pasaportes para evitar el traslado. "Se trata de una circunstancia de particular importancia, ya que permite activar más rápidamente los procedimientos de verificación de las posiciones individuales, incluso al margen de la detención, aumentando las posibilidades de proceder a la repatriación de quienes no tienen derecho a permanecer en la UE", reza la nota.
Los migrantes a bordo del barco deben ser todos varones, adultos, sin vulnerabilidades, en buen estado de salud y procedentes de países identificados como "seguros". El barco los trasladará al punto caliente italiano establecido en el puerto de Shengjin y, tras los trámites de identificación, los solicitantes de asilo serán transferidos al centro de Gjader.
Así salvó Meloni el modelo de Albania
El pasado noviembre, el modelo de externalización de la acogida y repatriación de inmigrantes fue bloqueado por segunda vez por el Tribunal de Inmigrantes de Roma, con la suspensión de la detención en Albania de siete inmigrantes procedentes de Egipto y Bangladesh.
Para obviar un posible nuevo bloqueo, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto-ley rebautizado como "decreto de flujos" con una lista actualizada de los llamados "países seguros" para los migrantes, entre ellos Egipto y Bangladesh, con la intención de sortear el obstáculo legal impuesto por la legislación comunitaria con una norma de rango superior al anterior decreto interministerial. La ley, que entró en vigor el 11 de enero, estipula que ya no decidirán los magistrados de la sección de inmigración, sino los del Tribunal de Apelación.