La Comisión Europea ha anunciado que está dando los primeros pasos para cerrar el procedimiento del artículo 7 contra Polonia.
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha dado los primeros pasos para cerrar el procedimiento del artículo 7 contra Polonia. La supervisión especial comenzó en 2017 debido a las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales y los ataques contra la independencia judicial en el país, cometidos por el anterior Gobierno liderado por el partido Ley y Justicia (PiS).
En consecuencia, Polonia se ha visto obligada a comparecer en audiencias periódicas ante los demás Estados para dar cuenta de sus avances (o retrocesos) con respecto a estas políticas. Polonia y Hungría son los primeros países de la UE que han estado sujetos al artículo 7.
El anuncio, hecho inesperadamente este lunes, afirma que ya no existe un "riesgo claro de una violación grave del Estado de derecho en Polonia".
Nuevo Gobierno, nuevo rumbo
Sin embargo, la decisión necesita la validación de los Estados antes de poder retirar formalmente el texto legal que activó el procedimiento en 2017. Está prevista una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores para finales de este mes, lo que sugiere que la conclusión llegará pronto.
"El día de hoy marca un nuevo capítulo para Polonia", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Es el resultado de su trabajo y de sus esfuerzos de reforma".
Este avance representa una victoria política para el primer ministro polaco Donald Tusk, quien, al asumir el cargo el año pasado, volvió a poner en el centro de sus políticas las relaciones entre Varsovia y Bruselas.
El Gobierno de Tusk presentó a mediados de febrero un "plan de acción" compuesto por nueve proyectos de ley diseñados específicamente para restablecer la independencia judicial en el país, desde el Tribunal Supremo hasta los tribunales más ordinarios. También se comprometió a acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y respetar la primacía de la legislación de la UE.
Polonia quiere liberarse de la "mala fama" del artículo 7
En consecuencia, a finales de febrero, la Comisión Europea decidió desbloquear 137.000 millones de euros en fondos de recuperación y cohesión que Polonia no podía acceder debido a su retroceso democrático y la falta de garantías judiciales para proteger las finanzas del bloque.
En abril, Varsovia recibió su primer pago de 6.300 millones de euros en subvenciones y préstamos.
Sin embargo, el "plan de acción" va más allá de la parte financiera: su objetivo final era poner fin al artículo 7 y liberar a Polonia de la "mala fama" que eso conlleva.
El ministro de Justicia de Polonia, Adam Bodnar, que ha encabezado la reforma, quería que el anuncio coincidiera con el vigésimo aniversario de la adhesión del país al bloque comunitario, el 1 de mayo. Bodnar también ha reconocido que la restauración es un trabajo en progreso y que es necesario hacer más en términos de legislación.
Un enfrentamiento abierto con Bruselas
El enfrentamiento con Bruselas comenzó después de que el anterior Gobierno de Ley y Justicia (PiS), un partido euroescéptico y de extrema derecha, llegara al poder en 2015 e introdujera reformas radicales que reorganizaron la estructura de los tribunales, redujeron el mandato de los jueces en ejercicio y promovieron nombramientos favorables a los partidos.
La Comisión Europea luchó contra las reformas, que, en su opinión, dañaron gravemente la independencia judicial de Polonia, obstaculizando la correcta aplicación de la legislación europea, lo que dejó a los inversores desprotegidos y puso en peligro la cooperación con otros Estados .
En diciembre de 2017, Bruselas determinó que existía un "riesgo claro de una violación grave del Estado de derecho" en el país y puso en marcha el artículo 7, una opción radical que, en última instancia, puede llevar a la suspensión del derecho al voto. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
Sin dejarse intimidar por el procedimiento, el anterior Gobierno dirigido por el PiS siguió adelante con sus planes y, posteriormente, aprobó una controvertida reforma que permitía a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo castigar a los magistrados según sus fallos.
La UE no cumplió con sus amenazas
La Comisión emprendió acciones legales que condujeron a la adopción de medidas provisionales que Polonia desobedeció descaradamente. A su vez, el TJUE impuso una multa diaria de un millón de euros, que estuvo en vigor hasta que el Tribunal anuló la reforma en junio de 2023.
Jakub Jaraczewski, investigador de Democracy Reporting International que ha seguido de cerca el conflicto entre Varsovia y Bruselas, describió la noticia del lunes como un "entierro del artículo 7" que ha llegado "con mucho retraso", y destacó la debilidad inherente del procedimiento.
"Confiando en la voluntad política de los Estados y con su sanción más potente que exige un acuerdo unánime prácticamente inalcanzable en el Consejo Europeo, el artículo 7 nunca llegó a donde había prometido llegar, que era garantizar que todos los Estados respetaran los valores de la UE", dijo Jaraczewski a 'Euronews'.