Desde hace medio año, altos funcionarios de la Unión Europea han dado la voz de alarma sobre la ley antiespionaje china.
PUBLICIDADUna "gran preocupación para nuestra comunidad empresarial", así describió Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Relaciones Comerciales, la nueva legislación durante su viaje a China a finales de septiembre. Para el político europeo la ley tiene una "ambigüedad que deja demasiado margen para la interpretación" y "disminuye significativamente" la confianza de los inversores.
"Esto es exactamente a lo que me refiero con un resultado perdedor", dijo Dombrovskis.
¿Qué es exactamente lo que hace que la ley sea tan preocupante para los europeos?
Presentada por primera vez en 2014, la ley pretende "prevenir, frustrar y castigar" los actos de espionaje. Sus disposiciones otorgan a las autoridades centrales del país un amplio mandato para reprimir actividades que se perciban como una amenaza contra la "seguridad, el honor y los intereses nacionales".
La ley se suma a la intrincada maquinaria de que dispone el Partido Comunista Chino para ejercer el control sobre ciudadanos, empresas y organizaciones. Este control se ha profundizado bajo el mandato del presidente Xi Jinping, que ha remodelado la relación entre Estado y partido para centralizar el poder en su persona.
La búsqueda de Xi de la autoridad suprema ha desencadenado un tenso enfrentamiento con los países occidentales. El líder chino ha acusado a los aliados del G7, especialmente a Estados Unidos, de intentar desbaratar la ambición del país de convertirse en líder mundial en tecnología e innovación. Mientras tanto, las democracias liberales creen que Xi intenta desmantelar el orden basado en normas establecido al final de la Segunda Guerra Mundial e imponer un sistema alternativo hecho a imagen y semejanza de China.
En este clima de sospecha y desconfianza, el Partido Comunista ha puesto en marcha una serie de instrumentos jurídicos y políticos para asegurarse de que todos los aspectos de la sociedad china, incluso los que tienen lugar en el extranjero, estén bajo una especie de supervisión omnipresente.
Este impulso llevó a la revisión de la ley antiespionaje, que entró en vigor el 1 de julio.
La principal novedad del texto reside en el artículo 4, que establece una lista de actos de espionaje que pueden ser reprimidos. El artículo modificado amplía enormemente los posibles delitos más allá de la definición tradicional de espionaje -es decir, los aparatos de inteligencia y su red de agentes- y ahora incluye las actividades "realizadas, instigadas o financiadas" por personas y entidades "distintas de las organizaciones de espionaje y sus representantes".
Además de los secretos de Estado, el artículo 4 abarca la obtención ilegal de "otros documentos, datos, materiales u objetos relacionados con la seguridad nacional" y la ejecución de ciberataques, intrusiones y perturbaciones contra bienes del Estado e infraestructuras críticas. En su párrafo final, se limita a enumerar "otras actividades de espionaje" como conducta perseguible penalmente, sin dar más explicaciones.
La elástica definición de espionaje va seguida de varios artículos que refuerzan la autoridad de los investigadores, que tienen derecho, entre otras cosas, a inspeccionar equipos electrónicos, allanar instalaciones, incautarse de documentos, recopilar datos, congelar bienes y detener a personas, todo lo cual puede filmarse. Los extranjeros acusados de espionaje pueden ser deportados rápidamente y se les puede prohibir la entrada en territorio chino hasta 10 años.
Además, la legislación fomenta el vigilantismo, ya que pide a "todos los ciudadanos y organizaciones" que "apoyen y ayuden" a las autoridades centrales e "informen rápidamente" de comportamientos sospechosos. Quienes lo hagan podrían recibir "elogios y premios".
Control estricto
Para la UE, las disposiciones revisadas de la ley antiespionaje son a la vez alarmantemente vastas y peligrosamente vagas, y otorgan al Estado un margen de discrecionalidad notablemente amplio para decidir qué constituye una amenaza a la integridad de China.
En particular, el texto no ofrece en ningún momento una definición clara de "seguridad, honor e intereses nacionales", lo que amplía aún más el margen de interpretación. Acciones que antes se consideraban inofensivas pueden ahora, en teoría, considerarse perjudiciales.
La incertidumbre se ha visto agravada por el silencio de Pekín sobre los objetivos reales de la ley revisada, afirma Vincent Brussee, investigador de la China contemporánea en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos.
"El concepto de seguridad nacional en China se ha ampliado enormemente en las últimas décadas. Siempre ha sido relativamente amplio. Pero Xi Jinping ha introducido un concepto que se llama perspectiva 'integral' de la seguridad nacional, que significa esencialmente que la seguridad nacional abarca todos los ámbitos de la sociedad", dijo Brussee a Euronews.
"Xi Jinping ve la seguridad nacional como la base del desarrollo nacional".
Uno de los rasgos definitorios del gobierno de Xi ha sido su afán por contar la historia de China en sus propios términos al público nacional y mundial. Sus enviados diplomáticos, a veces denominados "guerreros lobo", se apresuran a denunciar con dureza a los críticos que cuestionan la línea oficial. Este firme control de la narrativa china ha impulsado una maquinaria propagandística mundial y puede ayudar a explicar las últimas enmiendas a la ley contra el espionaje.
"China está muy interesada en asegurarse de que algunos actores extranjeros, especialmente Estados Unidos, no obtengan toda esa información que podría contrarrestar o contradecir lo que el Partido Comunista Chino está tratando de decir", dijo Brussee.
"La ley antiespionaje parece una herramienta para restringir el número de fuentes de las que se puede sacar información, o al menos penalizar a las personas que consiguen encontrar constantemente nuevos ángulos creativos para sacar nuevas formas sensibles de información".
La sombra de la persecución
¿Quién corre peligro? ¿Qué información puede considerarse una amenaza?
Según un análisis jurídico de De Brauw Blackstone Westbroek, un bufete de abogados holandés, la ley revisada aumenta el escrutinio sobre las empresas que manejan secretos comerciales, investigación y desarrollo (I+D) y datos relacionados con la medicina, la geología, la demografía y otros campos de importancia estratégica. Esto significa que la información sobre alta tecnología, como los semiconductores, la computación cuántica y la inteligencia artificial, y el ejército también puede convertirse en una responsabilidad.
El bufete aconseja a las multinacionales que operan en China que "reexaminen críticamente" todas sus operaciones que impliquen la recogida y el tratamiento de datos y que "evalúen cuidadosamente" si alguno de sus proveedores habituales en el país tiene filiación estatal. Debe prestarse especial atención a las auditorías e investigaciones internas, en las que "puede ser necesario extremar la precaución si hay transferencia de datos al extranjero".
Esto podría resultar problemático para las filiales europeas, que están obligadas a mantener una diligencia debida adecuada y enviar informes periódicos a su sede central. En virtud de una próxima directiva de la UE sobre sostenibilidad empresarial, las grandes empresas deberán abordar los "impactos adversos" de sus operaciones, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el trabajo infantil y la explotación laboral. Quienes incumplan la Directiva, que aún no es definitiva, se enfrentarán a multas, mientras que las víctimas podrán emprender acciones legales.
Otra norma de la UE, también en fase de negociación, pretende prohibir la importación de productos fabricados con mano de obra forzada. El año pasado, un informe de Naciones Unidas denunció la existencia de trabajos forzados, violencia sexual y tratos degradantes contra uigures, kazajos y otras minorías étnicas en la región de Xinjiang, acusación que Pekín negó enérgicamente.
Las nuevas normas implican que las empresas europeas tendrán que obtener información muy detallada y, en ocasiones, sensible, directamente de sus proveedores chinos. La ley antiespionaje podría convertir este ya oneroso ejercicio burocrático en una apuesta de alto riesgo, con la sombra de la persecución penal planeando sobre auditores y consultores.
Una serie de intervenciones policiales contra empresas estadounidenses que se produjeron a principios de año, antes de la entrada en vigor de la ley revisada, incluida una redada en marzo en Mintz Group, una empresa de diligencia debida corporativa, que más tarde se saldó con una multa de 1,5 millones de dólares (1,4 millones de euros) por "trabajo estadístico no aprobado", sugiere que el sector privado europeo tendrá que vigilar más y pecar de precavido, aunque reduzca el alcance de su trabajo.
"Si las empresas no son capaces de cumplir estos requisitos de la UE, que podrían conllevar responsabilidades civiles y penales, se verán obligadas en última instancia a abandonar el mercado o, al menos, a reducir sus operaciones en China", declaró un portavoz de BusinessEurope, una importante asociación del sector, en un comunicado enviado por correo electrónico.
"La ley china contra el espionaje puede entrar potencialmente en conflicto con las dos piezas de la legislación de la UE, dejando a los operadores económicos entre la espada y la pared".